La fiscal Gabriela Sosti denunció que, a pesar del avance de los juicios de lesa humanidad, muchos jueces han empezado a otorgar prisiones domiciliarias a los condenados o a levantar las prisiones preventivas a los imputados, con consecuencias adversas para el avance de los juicios.
En diálogo con “Todos en Cuero” por radio nacional, Gabierla Sosti, fiscal Ad-Hoc de la Unidad Fiscal de DD.HH. de la Procuración General de la Nación denunció que a pesar del avance en el enjuiciamiento y condena a los represores acusados de delitos de lesa humanidad “que son difíciles de conseguir, que implican un desempeño técnico complejo, cada vez más cuando que se consiguen esas condenas la justicia otorga casi sistemáticamente prisiones domiciliarias”
La fiscal señalo que se trata de una situación “que viene sucediendo en casi todo el país”, y advirtió que “ahora lo que está sucediendo el cese de las prisiones preventivas que están imputados por graves delitos, privaciones y tormentos masivos, asesinatos agravados y por escusas por problemas administrativos terminan dictaminando es el cese de las prisiones preventivas”.
“En principio nosotros no estamos a favor de las prisiones. Los organismos internacionales establecen lo que se conoce como un plazo razonable para detener una persona sin juicio”, aclaró.
“Pero por otro lado es cierto que a partir de la reapertura de los juicios de lesa humanidad, los plazos de prisiones preventivas se han puesto en evidencia que son más que exiguos. Que estén en libertad gente a la que se le imputa delitos grandes se corre el riesgo que los juicios no se terminen haciendo”.
“Es una situación preocupante, y la sociedad debe tener conocimiento de lo que está pasando”, advirtió Sosti.