Un reciente informe de la CTA Autónoma da cuenta de 35 detenciones en el marco de acciones gremiales. De ellas 9 fueron a dirigentes y 26 a activistas sindicales. Se señalan además 24 acciones represivas y ataques a diversas protestas sindicales ocurridas en nueve provincias. Tres fueron cometidas por patotas patronales, en muchos casos protegidas por las fuerzas de seguridad.
El ataque a los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América, el domingo último, constituye el cuarto de esos ataques patoteriles y eleva a 25 el número de acciones represivas.
En el uso de patotas, un claro ejemplo es la pelea de los trabajadores de Menoyo, conocida fábrica de aderezos, vinagres y especias, que entre febrero y marzo despidió a 21 trabajadores. Allí los despidos eran una clara acción persecutoria contra quienes reclamaban mejora en sus condiciones laborales.
El informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA – A registra dos ataques al derecho de huelga realizados por los gobiernos provinciales.
El primero ocurrió en la provincia de Buenos Aires, impulsado por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, de Cambiemos. El segundo fue en Tierra del Fuego, distrito gobernado por el FpV, donde también se vio una fuerte represión en las últimas semanas.
Este fue un caso paradigmático en relación a la protesta social. Allí se dio en el marco de una protesta de trabajadoras y trabajadores estatales, docentes, municipales y de otros sectores, con paros, movilizaciones, acampe y cortes de ruta, en rechazo a un paquete de leyes de ajuste que impulsó la gobernadora Rosana Bertone, del FpV.
Un signo en la actuación de los aparatos del poder político estatal es el reciente fallo por la causa Orellano, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se limita fuertemente el derecho de los trabajadores de base a la huelga, dejando esa potestad solo en manos de las conducciones sindicales.
Esa tendencia amenaza con desarrollarse aún más con la nueva composición de la Corte, con los jueces Horacio Rosatti y Carlos Carlos Rosenkrantz, propuestos por el gobierno de Mauricio Macri.
Según consigna La Izquierda Diario, Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA- A, dijo que “las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz no van a cambiar nada. Ambos son asesores de empresarios, hombres del establishment. No creo que en materia de derecho social haya grandes progresos. La etapa de los fallos sociales (“ATE”, “Madorrán”, “Aquino”, “Viazzoti” y tantos otros) ha terminado; estamos en el comienzo de una etapa restrictiva de derechos y por ende la Corte se adecuará a los tiempos del ciclo que comienza a desarrollarse”.
El abogado laboralista agrega que “el fallo ‘Orellano’ es un fallo a medida de ese cambio. Restringir la titularidad del derecho de huelga no es una adecuación doctrinaria, sino que es la puerta de entrada para avanzar sobre otros derechos”.