En el día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas, el secretario de Justicia de la Nación, afirmó que la lucha contra la trata de personas es una política de Estado. Y que sólo es posible terminar con las redes si repudiamos este delito y denunciamos a sus responsables”
Desde abril de 2008, el Estado nacional ya liberó a más de 9.000 víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. El organismo público que las asistió y acompañó es el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Congreso nacional sancionó hace ya siete años la ley 26.364 para prevenir y sancionar la trata de personas, y asistir a sus víctimas. Para lograr su cumplimiento, se creó el Programa Nacional de Rescate, que tiene a su cargo la asistencia psicológica, social, médica y jurídica de las víctimas de la trata de personas, desde el mismo momento que son rescatadas de sus lugares de explotación, hasta el momento en el que ofrecen declaración testimonial en la causa judicial.
Entre abril de 2008 y agosto de 2015, el equipo de profesionales del organismo asistió a 4.570 personas que estaban siendo explotadas sexualmente, 4.428 en lo laboral, y 27 que han sido encontradas en la etapa de traslado, sin que se consumara su explotación. El 90% de las víctimas son mayores de edad y el 46% de nacionalidad argentina. A su vez, solo en el año 2015, el Programa Nacional de Rescate acompañó a casi 700 personas extranjeras, provenientes de Bolivia, Paraguay, Perú, República Dominicana y Brasil, entre otros países.
El organismo está coordinado por Zaida Gatti y cumple un rol fundamental no solo para asistir a las víctimas de un flagelo que está considerado la esclavitud del siglo XXI, sino también para promover e instrumentar campañas de sensibilización de cara a la sociedad.
Gatti detalló que “el gobierno emprendió la batalla contra este delito y eso nos permitió avanzar en materia de acompañamiento a las víctimas, brindándoles asistencia psicológica, social, médica y jurídica. Esta asistencia integral es una herramienta fundamental para su recuperación.”
Uno de los grandes avances que logró el Estado nacional en la lucha contra la trata fue la puesta en marcha de la línea telefónica 145, para recibir denuncias desde cualquier punto del país sobre la posible comisión del delito. La línea es atendida por operadores del Programa Nacional de Rescate.
Gatti explicó que “las denuncias son anónimas y gratuitas, no hay compromisos, nadie va a sufrir ninguna represalia. Con esa simple llamada están ayudando a que una víctima sea rescatada de un red de trata”. En lo que va del año la línea recibió más de 1.700 denuncias, y suma un total de 5.300 desde su lanzamiento en 2012.
El Estado lucha contra la trata de personas
Con el objetivo de federalizar sus funciones y ofrecer asistencia inmediata, el Programa de Rescate ya inauguró cuatro oficinas regionales en las provincias de Chaco, Santa Fe, La Pampa y Mendoza, y está por inaugurar otra en La Rioja. La coordinadora del programa explicó que “trabajar con profesionales que viven y trabajan en el territorio implica poder trabajar en la prevención porque todas las provincias son distintas”.
En abril de 2014 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos firmó un convenio de cooperación y asistencia técnica con Aerolíneas Argentinas, Aeropuertos Argentina 2000 SA, y la Federación Argentina de Personal Aeronáutico para capacitar a sus trabajadores en materia de prevención, detección de delito y asistencia a las víctimas de trata de personas. Además, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó en enero de 2015 la ley 27.046, que obliga a colocar en aeropuertos, terminales de micros, pasos fronterizos y medios de transporte público una leyenda contra la trata: “La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas en la Argentina es un delito severamente penado. Denúncielo”.
Además de la ley 26.364 que el Congreso de la Nación sancionó en 2008, la Argentina logró enormes avances para erradicar la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. En diciembre de 2011 aprobó el nuevo Estatuto del Peón Rural; en diciembre de 2012 se reformó de la Ley de Trata, que elevó las penas para los explotadores; en marzo de 2013 se aprobó la Ley de Personal de Casas Particulares; y en 2014 se promulgó la ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que prevé la creación de registros públicos en el ámbito del Ministerio de Trabajo y la sanción de aquellos empleadores que no cumplan con la registración de sus trabajadores.
Según un informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, en nuestro país la Justicia ya emitió 145 sentencias en causas por el delito de trata. Hubo 123 condenas por trata de personas.